Entra en vigor el Reglamento de Servicios Digitales

Entra en vigor la Ley de Servicios Digitales

La Ley de Servicios Digitales (DSA) ha entrado en vigor el 16 de noviembre de 2022. Junto con una Ley de Mercados Digitales, que entró en vigor el 1 de noviembre de 2022, ésta propuesta creará un espacio digital más seguro y abierto para todos los usuarios y garantizará unas condiciones de competencia equitativas para las empresas.

La DSA tiene tres objetivos principales: 

• proteger más eficazmente a los consumidores y sus derechos fundamentales en línea;
• establecer un poderoso marco de transparencia y rendición de cuentas para las plataformas en línea;
• fomentar la innovación, el crecimiento y la competitividad dentro del mercado único.

Tal y como remarca la Comisión, si bien la Directiva sobre comercio electrónico sigue siendo la piedra angular de la regulación digital, mucho ha cambiado desde su adopción hace 20 años. La DSA abordará estos cambios y los desafíos que han venido con ellos, particularmente en relación con los intermediarios en línea.

¿A quién va dirigido?

La DSA va dirigida a los proveedores de servicios de intermediación prestados a destinatarios que tengan su lugar de establecimiento o residencia en la UE, con independencia del lugar de establecimiento del proveedor, en la medida que ofrezcan servicios en la UE. 

Y, ¿quiénes son los proveedores de servicios de intermediación? La DSA se aplica a los servicios de alojamiento de datos, a los motores de búsqueda en línea, redes sociales y marketplaces.  

Además, determinados prestadores serán calificados como plataformas en línea de muy gran o tamaño y motores de búsqueda de muy gran tamaño, y se les impondrán obligaciones adicionales, cuando el umbral de usuarios supere el 10% de la población de la UE o 45 millones de usuarios.

¿Cuál es el objeto de la DSA? Tal y como publica la Comisión Europea la DSA implica:

• Medidas para luchar contra los bienes, servicios o contenidos ilícitos en línea, tales como un mecanismo para que los usuarios denuncien este tipo de contenidos y para que las plataformas cooperen con «alertadores fiables».
• Nuevas obligaciones sobre trazabilidad de las empresas usuarias en los mercados en línea, para ayudar a identificar a los vendedores de bienes ilícitos, o para comprobar aleatoriamente si los productos o servicios han sido descritos como ilegales en alguna base de datos oficial.
• Garantías eficaces para los usuarios, incluida la posibilidad de impugnar las decisiones de los moderadores de contenidos de las plataformas.
• Prohibición de determinado tipo de anuncios selectivos en las plataformas en línea (cuando van dirigidos a menores o cuando utilizan categorías especiales de datos personales, como la etnia, las opiniones políticas o la orientación sexual).
• Medidas de transparencia para las plataformas en línea, inclusive sobre los algoritmos utilizados para las recomendaciones.
• Acceso de los investigadores a los datos clave de las plataformas y los motores de búsqueda de mayor tamaño a fin de comprender cómo evolucionan los riesgos en línea.
• Estructura de supervisión adecuada a la complejidad del ciberespacio: los países de la UE desempeñarán el papel principal, con el apoyo de una nueva Junta Europea de Servicios Digitales; en el caso de las plataformas de muy gran tamaño, la Comisión se encargará de la supervisión y la ejecución.

Próximos pasos

Tras la entrada en vigor de la DSA el 17 de noviembre, las plataformas en línea dispondrán de tres meses para comunicar el número de usuarios finales activos (17 de febrero de 2023) en sus sitios web. 

Sobre la base de estos números de usuario, la Comisión evaluará si una plataforma debe ser designada como plataforma o motor de búsqueda en línea de muy gran tamaño y una vez tomada la decisión de designación por parte de la Comisión, la entidad en cuestión dispondrá de cuatro meses para cumplir las obligaciones derivadas de la Ley de Servicios Digitales, incluida la realización del primer ejercicio anual de evaluación de riesgos y su comunicación a la Comisión.